Concejo conoció proceso de regularización de servicio para la av. Simón Bolívar y Calderón
El Concejo Metropolitano de Quito -en sesión ordinaria- conoció el informe de la Secretaría de Movilidad sobre el cierre final del procedimiento de regularización del servicio de transporte público intracantonal en el corredor de la avenida Simón Bolívar y en los sectores internos de la parroquia Calderón.
El Concejo en pleno aprobó la moción planteada por el vicealcalde Santiago Guarderas para que luego de conocido en primer debate este proyecto de ordenanza, la Secretaría de Movilidad presente una ampliación del informe a la Comisión de Movilidad e indique si han iniciado las acciones para la revisión de oficio de posibles actos administrativos irregulares.
El Vicealcalde recordó que el proceso de regularización del servicio de transporte público intracantonal inició con la ordenanza No.128 del 25 de junio de 2016 y que en sesiones anteriores del Concejo, la Comisión de Movilidad puso en consideración en primero y segundo debate la ordenanza 006 que disponía que se realice el cierre definitivo de este proceso.
“Han transcurrido cuatro años pero aún no se culmina este proceso y la Secretaría de Movilidad, el 29 de junio de 2019, informó a la Comisión de Movilidad sobre una serie de incumplimientos a las disposiciones de la Ordenanza 128 por acciones realizadas al margen de la norma establecida para el efecto, e incluso fuera del proceso que estaba en ejecución, lo que ha provocado el aumento de más rutas y unidades que las previstas en la línea base, previa a la convocatoria”, dijo.
En su exposición, Guillermo Abad, secretario de Movilidad, indicó que todo proceso de regularización tiene como finalidad beneficiar a los transportes informales que demuestren que prestan el servicio en el lugar donde se pretenden regularizar.
Para ello, en 2016 la Secretaría realizó un primer censo que determinó que operaban 341 vehículos y existían 462 aplicantes en esta ruta y sobre la base a esta información se elaboró la ordenanza 128 que determina los requisitos jurídicos y administrativos para regularizar a estas personas, creando nuevas operadoras de transporte o cupos en compañías de transporte que operaban en lugares aledaños al sector donde se estaba regularizando.
La Secretaría de Movilidad de la anterior administración determinó que muchos de los legítimos beneficiarios del proceso se quedaron fuera y autorizó la creación de un proceso administrativo paralelo a la ordenanza,sin haber consultado si podían hacer o no este proceso al Concejo y se crearon dos planes piloto que pretendían regularizar en el primer plan a 68 vehículos y en segundo a 83 vehículos más.
Abad indicó que a pocos días de que asumió la Alcaldía la actual administración municipal, derivó a su departamento jurídico para que verifique si en el segundo plan piloto se cumplió con todos los requerimientos establecidos en la ordenanza 128.
Este estamento evidenció que los planes piloto 1 y 2 y todo el proceso administrativo que inicio la Secretaría de Movilidad de la anterior administración estaban al margen de las exposiciones de la citada ordenanza.
En este sentido, el actual Secretario de Movilidad negó la aprobación de estos cupos y surgieron además denuncias de postulantes del proceso sobre posibles irregularidades o actos de corrupción. Este informe pasó a la Comisión de Movilidad del Concejo que elaboró la ordenanza 006 de 2020 para el cierre del proceso.
La Secretaría de Movilidad inició las respectivas denuncias en la Fiscalía del Estado sobre la posible entrega ilegal de cupos relacionado al proceso de regularización y otra denuncia donde se detectó falsificación de documentos en vista que se emitieron certificaciones sin lo respaldos respectivos. La Contraloría General del Estado está ejecutando un examen especial en la Secretaría de Movilidad sobre este proceso.
