Trabajo interinstitucional para consolidar el sistema de protección integral de derechos

Treinta y cinco personas, entre autoridades y funcionarios de dependencias estatales, municipales, entidades de justicia y organizaciones sociales se reunieron, el viernes, en los salones de la Casa Somos San Marcos, con el objetivo de delinear acciones para articular el Sistema de Protección Integral de Derechos.

En este encuentro estuvieron presentes representantes del Concejo Metropolitano, las secretarías de Inclusión Social, Seguridad y Planificación del Municipio de Quito, ministerios de Trabajo Inclusión Económica y Social, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Derechos Humanos, Consejo por la Igualdad Intergeneracional, Consejo de Protección de Derechos, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Dirección de Rehabilitación Social, Conagopare, Pacto por la Niñez y Adolescencia y Fundación Tierra de Hombres.

El Código Municipal en el artículo No: 855, establece que la Secretaría de Inclusión Social, como ente rector y responsable de las políticas sociales, tiene la responsabilidad de promover la articulación y coordinación entre los organismos del Sistema, de los subsistemas, de los grupos de atención prioritaria tal como lo define la Constitución.

El trabajo se enfoca en aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión, vulnerabilidad y/o riesgo, en este caso específico en el Distrito Metropolitano de Quito, a fin de aumentar el grado de efectividad en las respuestas del Sistema a las demandas y necesidades sociales.

Se busca a través de un trabajo coordinado plantear propuestas, respuestas y soluciones a problemáticas como: trabajo infantil, desnutrición infantil, consumo de drogas y microtráfico, violencias, embarazo adolescente, alcoholismo, inseguridad, movilidad humana y otros que afectan principalmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas en conflicto con la ley y privadas de la libertad.

“Queremos que Quito, como ciudad capital, tome la iniciativa para plantear una propuesta articulada entre el Estado, gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y otras instituciones para el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos, y concretar los sueños, de los grupos de atención prioritaria” dijo el secretario de Inclusión Social Fernando Sánchez Cobo.

De su parte, Manuel Martínez, director del Pacto por la Niñez y Adolescencia reconoció la preocupación y voluntad política del alcalde de Quito, Santiago Guarderas Izquierdo, para poner en marcha al Sistema de Protección Integral de Derechos. Este tema es urgente, dijo. Hay que ordenar, coordinar y articular políticas, acciones para que el sistema sea más eficiente para atender los requerimientos de estos grupos, preciso.

“Este espacio de debate es muy importante; es fundamental empezar a trabajar en un modelo de gestión piloto para aplicarlo en todo el país. Se deben articular todos los temas: salud, educación, inclusión social, justicia, etc. Cambiar el sistema está en manos de todos”, dijo Cintia Carrasco representantes del Consejo de la Judicatura.

María Elena Villareal, funcionaria de la Defensoría Pública coincidió en que hay que tomar acciones concretas y urgentes principalmente para protección de las niñas, niños y adolescentes que son los más vulnerables; hay que trabajar para proteger la vida, para ello cuenten con todo el apoyo de la Defensoría Pública, acotó.

Propuestas

Durante el conversatorio, los participantes plantearon algunas propuestas como la conformación de mesas técnicas de: Justicia y Personas Privadas de la Libertad y otra encargada de implementar el Sistema de Protección Integral de Derechos.

Igualmente se acordó implementar un Sistema de Información que sea una herramienta que registre y provea de estadísticas de los casos de violación de derechos que atienden las diversas instituciones, para definir adecuadas políticas públicas de atención.