Quito es pionera en materia de prevención integral de drogas
El Concejo Metropolitano de Quito publicó el 31 de enero de 2023, la Ordenanza Metropolitana de prevención y atención integral del fenómeno biopsicosocial y económico por el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que constituye uno más de los elementos que hace de Quito una ciudad pionera en prevención integral de drogas.
La ciudad cuenta con una Coordinación específica dedicada a la implementación de acciones y procesos preventivos, enfocados en el desarrollo de las capacidades y potencialidades del ser humano, su familia y su entorno.
A esto se suma, la Ordenanza Metropolitana para la ‘Prevención y Atención Integral del Fenómeno Biopsicosocial y Económico por el Uso y Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas’, que constituye el marco de respaldo para operar mediante acciones para la prevención del uso y consumo de drogas; diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social; y reducción de riesgos y daños.
El cuerpo normativo constituye un logro para la ciudad, toda vez que, en alineación a las recomendaciones de organismos internacionales y la normativa nacional vigente, busca prevenir las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y de seguridad ciudadana del fenómeno de las drogas, a través de un abordaje integral que coloca al ser humano como eje central de las intervenciones, en línea con el reconocimiento internacional del rotundo fracaso de las medidas enmarcadas en la guerra contra las drogas, que giran alrededor de la prohibición y la criminalización de las personas usuarias experimentales, habituales o problemáticas de drogas.
La Ordenanza se ampara en el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que declara a las adicciones como un problema de salud pública, que debe ser abordado de manera interdisciplinaria y articulada; para encargarle al Estado la responsabilidad de desarrollar programas encaminados a intervenir con participación intersectorial sobre las diferentes manifestaciones del fenómeno socio económico de las drogas, bajo un enfoque de derechos humanos; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación, respetando siempre los derechos constitucionales de las personas y evitando su criminalización.
En este contexto, entre algunos de los elementos más relevantes que contempla la ordenanza puede citarse que la Secretaría de Salud quien liderará su aplicación, bajo los enfoques de salud pública y derechos humanos, en alineación a los lineamientos del Comité Interinstitucional de Drogas y en coordinación con diversos actores clave.
De esta forma, en coordinación con la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, la prevención integral de drogas será parte del programa académico de las unidades metropolitanas, prestando especial énfasis a los períodos claves de riesgo y propiciando la capacitación continua de la comunidad educativa.
Asimismo, es importante citar que se promueve un trabajo en red, con enfoque principalmente comunitario, en el cual los equipos de atención primaria en salud ejecutarán intervenciones de baja complejidad en territorio e identificarán y referirán caso de mayor riesgo, para su abordaje desde niveles e instancias de mayor complejidad, tanto en prevención desde los distintos ámbitos, como en atención a nivel ambulatorio.
La normativa vigente y estándares internacionales establecen que las acciones de prevención y atención integral deben basarse en evidencia y ser evaluadas, la ordenanza dispone la creación de Comités de Ética en Investigación con Seres Humanos (Ceish) para el desarrollo de estudios que orienten la toma de decisiones y el accionar en materia; lo que permite que Quito cuente con información relevante y actualizada, frente a su falta a nivel nacional.
Finalmente, es importante señalar que, en el marco de la corresponsabilidad e intersectorial dad, principios rectores para la aplicación de la normativa, se establece la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación y colaboración con la sociedad civil, instituciones nacionales o internacionales, para la ejecución de acciones enmarcadas en la aplicación de la ordenanza.
