Municipio ha entregado toda la documentación a Contraloría sobre supuesto nepotismo

Al referirse al informe de la Contraloría General del Estado sobre un supuesto caso de nepotismo en el Municipio Metropolitano de Quito, el alcalde Santiago Guarderas Izquierdo, manifestó que “de acuerdo con la Ley, todo funcionario al momento que ingresa al servicio público tiene la obligación de hacer una declaración juramentada, en donde expresamente tiene que determinar que no ha incurrido ningún tipo de nepotismo”.

Como ustedes conocen el nepotismo está prohibido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Servicio Público, y por tanto es responsabilidad de aquellos concejales que han incurrido en esta falta. Nosotros como Municipio a través de la Dirección de Talento Humano hemos entregado toda la documentación e información para que la Contraloría pueda establecer las determinaciones y sanciones correspondientes, afirmó el burgomaestre a los representantes de los medios de comunicación.

Agregó que “cuando yo asumí la Alcaldía emití el Código de Ética en el cual dispuse que todos los funcionarios debían cumplir con esta disposición, pero además  los concejales debían asumir esta norma que tiene como objetivo regular este tipo de situaciones de conflicto de interés. Cuando ingresan al municipio también tienen que firmar una declaración que la Dirección de Talento Humano les exige, por consiguiente es responsabilidad de cada uno cumplir con esta declaración y hacerlo con la verdad”.

Precisó que, el hecho de que falte un mes para concluir su periodo, no significa que no se puedan establecer las sanciones que pueden llegar a la destitución, y si eso sucede le impediría ejercer cargos públicos por dos años.

Pero aclaró que “habría que determinar si hay dolo o no. Puedo hablar por mí, si yo conozco que hay una prohibición de nepotismo en ningún caso me ha pasado por la mente contratar a un familiar, un cuñado o alguien que tenga relación de parentesco, es preferible trabajar con terceras personas, técnicas como lo hemos hecho en nuestra administración”.

Entiendo que cada uno de los involucrados tiene la capacidad de defenderse, presentar los argumentos y documentos que contradigan lo que señala la autoridad, no es una decisión firme, es todo un proceso, es un informe que inicialmente lo ha emitido la Contraloría, pero que cada uno de los funcionarios tiene la posibilidad de defenderse, puntualizó.

Sobre el informe que determinaría exceso de asesores y una supuesta irregularidad en el pago de horas extras, Guarderas señaló que este es un tema que lo lleva adelante la Dirección de Talento Humano, su director ha señalado que hay un error en la interpretación de Contraloría en el sentido de que se quiere dar vigencia a un decreto presidencial que tiene aplicación en la Función Ejecutiva y no de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, en el sentido de se puede establecer el pago de hasta 60 horas extras.

Sobre los cambios estructurales en el Municipio, Santiago Guarderas indicó que esa recomendación la estableció la Contraloría en el 2016 y que ninguno de los alcaldes lo ha cumplido desde hace siete años. Nosotros empezamos a hacer esta estructura orgánica desde el año pasado, se ha mantenido reuniones con el Ministerio de Trabajo, ese documento ha sido validado por esa cartera de Estado, es decir en cumplimiento de una recomendación de carácter obligatoria e inmediata por parte de la Contraloría que no la cumplieron ninguno de los alcaldes, insistió.

Aseguró que esta estructura orgánica no la tenía el municipio, es un proceso que inició con una validación de los puestos, se tiene que identificar las competencias para que no hayan estas contradicciones y el resultado es que nosotros aplicando un instrumento técnico ha habido supresión de puestos y una disminución de los egresos que se tienen que hacer por el pago de personal, concluyó.