‘Es necesario que Quito retome su Estatuto Autonómico’, Pabel Muñoz
Quito, 11 de octubre (Quito Informa).- “Para generar riqueza, trabajo, empleo y desarrollo económico es necesario que la capital retome su Estatuto Autonómico”, así lo afirmó el alcalde Pabel Muñoz, tras recordar que Quito sufrió un abandono administrativo y por eso es necesario plantear un proyecto de ciudad.
Además, el Alcalde aseguró que Quito no debe perder su sentido de capitalidad y ser el epicentro político, “por tanto debe convertirse en la locomotora del desarrollo nacional”, dijo. Más del 80% de la población mundial vive en la ciudad y la capital ecuatoriana no es la excepción.
Existen dos opciones: desarrollar el Estatuto Autonómico y convocar a una consulta popular o plantear una reforma del Estado a partir de la Ley del Distrito Metropolitano de 1993. Esto debe ser coordinado y consensuado con la provincia de Pichincha.
Finalmente, dijo que Quito tendría un nivel de gobierno regional porque asumirá otras competencias, una de ellas es el desarrollo económico territorial. Esto se puede lograr, por ejemplo, con la explotación de la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) de 200 hectáreas, ubicada en el aeropuerto Mariscal Sucre, que pueda atraer más inversiones y empujar el progreso de la capital.
¿Qué es el Estatuto Autonómico?
El Estatuto Autonómico de una región, según el Cootad, establecerá su denominación, símbolos, principios, instituciones del gobierno autónomo descentralizado regional y su sede, así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas y recursos propios.
Por su conformación, el Distrito Metropolitano debe promover, a través del Estatuto: el desarrollo sustentable, las políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, el régimen de uso del suelo y urbanístico, la implementación de un sistema de participación ciudadana, el plan metropolitano de desarrollo, prestación de servicios públicos y construcción de obras, desarrollo de actividad turística, el desarrollo económico local, el derecho al hábitat y a la vivienda, los sistemas de protección integral, la prevención de la contaminación, el control del espacio público y las actividades económicas.