La ordenanza que regulará el servicio de ‘delivery’ busca mejorar la seguridad en Quito

• Esta propuesta es una unificación de los proyectos presentados por la concejala Analía Ledesma y el alcalde Pabel Muñoz. Cuenta con 24 artículos, una Disposición General y una Disposición Transitoria.

Quito, 10 de julio de 2024 (Quito Informa). – El Concejo Metropolitano conoció, en primer debate, el proyecto de Ordenanza Reformatoria al Código Municipal para la Regulación y Control del Servicio de Entregas a Domicilio – Delivery, la misma que busca mejorar la seguridad en la ciudad.

La normativa establece que los conductores que se dedican a esta actividad tendrán que tramitar un permiso, para lo cual deberán realizar un registro presentando la cédula de identidad o pasaporte para personas extranjeras; matrícula del vehículo; comprobante de servicio básico; certificado de no adeudar al Municipio de Quito y el comprobante de pago de tarifa que es del 2.5% de un Salario Básico Unificado (SBU) que sería de USD 11,50.

Analía Ledesma explicó que la normativa permitirá contar con un registro de las personas que se dedican a la actividad de entregas a domicilio y que ha crecido durante los últimos años. “Es fundamental que contemos con un catastro de cuántas motos hay en la ciudad, cada una deberá tener una placa diferente y un permiso diferente”, dijo.

La entidad encargada del registro será la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la cual emitirá el Certificado con vigencia de un año y una credencial con un código QR y la foto del repartidor.

María Fernanda Racines, presidenta de la Comisión de Movilidad, indicó que la Ordenanza se enfoca en las competencias de tránsito y de seguridad vial, así como en la seguridad ciudadana. Para ello, los conductores deberán contar con su licencia de conducir, que les habilite el manejo de motocicletas.

Racines señaló que la persona que se encuentra realizando esta actividad tendrá que sacarse el casco para retirar el pedido del restaurante y también deberá hacerlo para la entrega en el domicilio, departamento u oficina.

La vicealcaldesa enfatizo en que la Ordenanza no busca criminalizar la actividad económica, sino aportar a la seguridad de quiteñas y quiteños. “Sabemos que esta actividad la realizan personas que se quedaron sin empleo, migrantes que por distintas circunstancias se vieron obligados a salir de sus ciudades o países de origen, o personas que están pasando alguna emergencia de salud o académica que les obliga a buscar un ingreso adicional. Buscamos la forma de mantener la seguridad para la ciudadanía”, recalcó.

Por su parte, Rubén Esteban Valencia, representante de la Organización Juventudes Quito, señaló que el trabajo de ‘delivery’, en su mayoría lo realizan personas jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, por no tener condiciones educativas o laborales, por estar en situación de movilidad humana, accidentabilidad vial, condiciones climáticas y o delincuencia. En este sentido, propuso que la normativa incluya artículos de capacitación continua en seguridad vial, salud ocupacional, emprendimiento y desarrollo personal, a través de las entidades municipales.

El concejal Diego Garrido dijo que se debe establecer un perímetro alrededor de los establecimientos para la ubicación de los trabajadores, debido a que en varias calles se concentran de manera desordenada, afectando la movilidad de la ciudadanía.

Estefanía Grunauer enfatizó en que también es necesaria la inclusión de sanciones para quienes no cumplan con los procedimientos. Ante ello, señaló que la adulteración o falsificación de credenciales, debe ser una sanción grave, que incluso puede ser motivo de una acción penal.

Finalmente, luego de las observaciones presentadas por los concejales y en un plazo de cuatro días, la Secretaría remitirá dichas observaciones a la Comisión de Movilidad para su tratamiento, previo al segundo debate.